Revolución Económica
Revolución Democrática
Revolución Ambiental
Revolución por los Servicios Públicos
Revolución por la Igualdad
Revolución por la Cultura
INTRODUCCIÓN
La crisis financiera del capitalismo se ha sumado, de manera dramática, a la crisis alimentaria más global de la historia y, especialmente, a la crisis energética y ambiental producida por el afán de lucro, a toda costa, de unos pocos.
En el mismo sentido, la construcción neoliberal europea ha entrado en crisis y sufre de los males que le diagnosticamos en su momento fundacional, los gobiernos actúan al dictado de los especuladores, la soberanía popular está en entredicho y la democracia en cuestión. La economía se pone al servicio de cada vez menos gente y de intereses cada vez más inconfesables, las medidas que toman los Gobiernos se dirigen contra los trabajadores y trabajadoras, contra los pueblos y contra las naciones.
Al mismo tiempo, la guerra y su maquinaria de muerte se despliega para poner los recursos naturales del planeta al servicio de los intereses del capital y de mantener el propio negocio de la guerra.
En este momento de honda preocupación social, la indignación debe convertirse en rebeldía organizada y en una Alternativa que abra espacio a la esperanza, se trata de buscar una salida de izquierda a la crisis, se trata de politizar la crisis, en definitiva de recuperar el nexo que nunca debió romperse entre economía, sociedad y política.
Desde esta realidad, estamos convencidos de la necesidad de plantar cara al neoliberalismo en todos los frentes, y de concretar un Programa social alternativo para los millones de hombres y mujeres que padecen sus consecuencias, un Programa que demuestre que es posible avanzar en conquistas sociales, reconstruir el anhelo de una Europa social, democrática y equitativa, para desarrollar esta propuesta impulsamos una CONVOCATORIA SOCIAL Como una aportación a la lucha y a la movilización por una alternativa social para salir de la crisis.
Desde esta CONVOCATORIA queremos construir con otros y otras, una nueva agenda para el cambio social, conectando con el antiguo sueño de un mundo en libertad y justicia, sin represión, explotación, hambre o necesidad. El viejo sueño de los derechos humanos…de todos los derechos humanos para todos.
Para ello esta CONVOCATORIA se plantea elaborar un Nuevo Programa Político para la izquierda en España, un programa que avance decididamente, también, en la defensa de un nuevo modelo de democracia económica y social, en la reforma del poder judicial, en un nuevo sistema electoral justo, en la laicidad del Estado, con una plena separación de éste de las Iglesias, de la Católica en particular, y en una superación de las injusticias de genero.
La elaboración de este Nuevo Programa Político, pretende ser un lugar de encuentro de quienes se impliquen y que empiece a concretarse en próximas elecciones generales, pero que tenga una visión mas amplia de alternativa a la economía y a la acción política.
Pero a la vez pretendemos que sea un Programa que trascienda al hecho electoral, en proceso que recoja desde abajo todas las energías sociales alternativas, implicando ampliamente a las asambleas locales de Izquierda Unida y a todos los foros que logremos impulsar.
Para ello planteamos algunas ideas básicas sin más intención de ordenar el debate, porque todo esta en cuestión y el resultado final será determinado por una Asamblea de la Convocatoria, fruto de un proceso plenamente representativo desde la base de quienes participen en el proceso de debate y construcción del NUEVO PROGRAMA POLITICO DE LA IZQUIERDA
Por ello esta CONVOCATORIA SOCIAL parte de un compromiso responsable a favor de una salida de la crisis a los intereses de la mayoría, especialmente de los trabajadores y trabajadoras y del pequeño empresariado y, por tanto, deuda salida que no sea pagada por los más débiles.
Con este objetivo planteamos la necesidad de generar espacios de encuentro y convergencia y formulamos propuestas sin otro animo del que sirvan de base al debate, para avanzar hacia esa alternativa programática que haga frente al intento de convertirnos en colonias de los mercados, a los que si ponemos nombre y apellidos y vernos que quienes nos han llevado a la crisis, son quienes se benefician de ella y quienes han capitalizado los abusos de un modelo productivo nefasto y especulativo y, por otra, buscamos que sea alternativa programática abra camino a una salida de la crisis que consolide un modelo social y productivo democrático y avanzado que permita una sociedad más justa y solidaria.
REVOLUCIÓN ECONÓMICA
La revolución económica como base de una alternativa global al capitalismo. La crisis que estamos viviendo es una crisis global del sistema capitalista, al menos tan profunda y duradera como la crisis de 1929. Ese carácter global la hace aparecer como una crisis multifacética: económica, financiera, medioambiental, de materias primas, alimentaria, energética, y finalmente política, cultural e ideológica.
El neoliberalismo ha sido un intento de superar la crisis del capitalismo, que se acentúa a partir de los años 70 y que genera crisis parciales sucesivas. Lo que ahora ocurre es que el neoliberalismo fracasa como modelo global y el capitalismo no tiene soluciones para salir de la situación.
Debemos afrontar la realidad de que la crisis económica que se ceba de forma mas dura con la juventud y las mujeres provocando que su no incorporación al mercado laboral suponga además el consiguiente retorno a las labores domésticas, con la consecuencia de una involución sin precedentes hacia los viejos roles patriarcales.
La precariedad de los jóvenes en el mundo laboral se caracteriza por las mayores tasas de paro, la alta temporalidad y la fuerte rotación contractual, así como en el alargamiento y la flexibilización de las condiciones laborales. El objetivo está claro: generar una gran masa de trabajadores y trabajadoras precarios con bajos salarios y fracaso escolar
Hoy hay en pugna un modelo de salida de la crisis: el que no busca una solución para el conjunto de la sociedad sino para unos sectores sociales muy reducidos y poderosos; y la resistencia frente a la imposición de ese modelo por parte de amplios sectores ciudadanos.
Esa resistencia debe tener un objetivo consecuente: la superación del modelo social, político y cultural actual dominado por el neoliberalismo y la creación de condiciones para acabar con el capitalismo.
Esa resistencia ha de partir de que lo concreto es lo que beneficia o perjudica a una mayoría, no a un particular. Lo concreto es lo nuestro; lo individual es lo de ellos. La resistencia es alternativa. La resistencia es ofensiva. La resistencia es propuesta. La resistencia es revolución.
1. PROPUESTAS PARA UNA REFORMA FISCAL. DÉFICIT PÚBLICO
Nuestra propuesta no es más o menos impuestos, es justicia fiscal: que todas las rentas tributen de la misma manera, sean del capital o del trabajo, y que paguen más los que más tienen y más ganan.
· Elevación al 50% del tipo marginal para el tramo más alto del impuesto. Equivaldría a algo menos de 60.000€ anuales de ingresos brutos de un contribuyente sin hijos a su cargo.
· Reducir en un 25% la cuota del IRPF de todos los contribuyentes con ingresos inferiores a 21.000 € anuales. Esto afectaría a 12,5 millones de contribuyentes, un 65% del total.
· Tributación igual para las rentas del trabajo y las del capital
· Derogar la legislación fiscal sobre las SICAV y situarlas en régimen de transparencia fiscal.
· Restaurar el Impuesto de Patrimonio como medida urgente y sustituirlo a medio plazo por una fiscalidad sobre las Grandes Fortunas y Patrimonios.
· Aumento de la contribución fiscal del beneficio de los bancos, las grandes empresas y las transacciones financieras.
· Limitar de manera rigurosa las subvenciones de las cotizaciones al empresariado.
· Impedir la práctica en fraude de ley consistente en despedir a los 11 meses de contrato para que sea el Estado el que abone las vacaciones.
· Introducir medidas de fiscalidad verde para gravar las actividades que perjudiquen el medio ambiente e incentivar las que tengan efectos favorables.
Nos oponemos a las salidas propuestas, como el Pacto del Euro, que pretende limitar la acción de los Estados al imponer un límite en el déficit, con el que no estamos de acuerdo. En cualquier caso y de modo transitorio, apoyaremos las propuestas de aumentar el plazo para reducir el déficit al 3% al 2016.
Frente a una política que se dedica a consumir los ingresos públicos, jugando al fantasma del déficit y reduciendo gasto social, proponemos actuar en dos líneas: lucha contra el fraude fiscal y actuaciones sobre el déficit, que si sirve para atender gasto social y el gasto productivo y que adquiere un valor social fundamental, cumpliendo una función necesaria en el marco de políticas económicas contracíclicas.
2. PROPUESTAS PARA UNA BANCA PÚBLICA
No se cubrirá con dinero público la deuda externa privada de las instituciones financieras. La crisis del sector financiero es la expresión de la bancarrota de las políticas neoliberales y, por tanto, la fórmula adecuada pasa por la nacionalización de las entidades insolventes y la creación de una nueva banca pública que intervenga en el flujo de dinero, pudiendo inyectar liquidez a los autónomos y las PYMES.
Los elementos esenciales de un modelo progresista de Banca Pública son:
Criterio predominante de rentabilidad social, compatible con la eficiencia y los resultados positivos.
Modelo de gestión que excluye cualquier operativa especulativa y/o vinculada a paraísos fiscales.
Participación democrática en la gestión de los impositores, en su caso, y de los trabajadores.
Vinculación a los objetivos de desarrollo acordados democráticamente. La ley de presupuestos debe incorporar un apartado sobre prioridades de los recursos financieros públicos.
De acuerdo con ello, proponemos:
Constitución a partir del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de AgenciaS Públicas de Inversión en todas las CCAA bajo el modelo del Instituto Catalán de Finanzas; recuperación de la Banca Pública Especializada (Banco de Crédito Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco Exterior); renacionalización de la Caja Postal de Ahorros (actualmente Bancorreo).
Transformación de las Cajas de Ahorro en un Sistema de Banca Pública, mediante la nacionalización de las mismas.
Colaboración con la Banca Social (cooperativas de Crédito, Cajas Rurales democratizadas, secciones de crédito de las Cooperativas y banca cívica)
3. PROPUESTAS PARA ACABAR CON LA ECONOMÍA SUMERGIDA E IMPULSAR LA ECONOMÍA REAL
Debemos combatir la economía sumergida y el fraude fiscal mediante un Plan con objetivos cuantificados y periodificados y para ello es necesario una reforma de la legislación tributaria sancionadora e inspectora. Proponemos:
· Mejorar los recursos de la AEAT, sus competencias y estructura interna hasta homologarla con otras agencias europeas. Control parlamentario de la AEAT.
· Prohibición y persecución de las operaciones en los paraísos fiscales.
· Supresión de los billetes de 500€
· Fiscalización de todas las operaciones en metálico superiores a 1.000€ tanto entre particulares como en las relaciones comerciales.
· Elaboración y publicación de un Libro Blanco sobre la Economía Sumergida y el Fraude Fiscal en España.
Impulso de la economía real mediante:
· Pago a los proveedores y a los subcontratistas de las deudas de las Administraciones Públicas en un plazo máximo de 60 días (30 días para las pequeñas empresas y autónomos)
· Adopción de medidas para garantizar que autónomos y pequeñas y medianas empresas dispongan de financiación suficiente para que puedan seguir desarrollando su actividad y vuelvan a crear empleo.
· Plan de empleo-formación para las personas en paro de larga duración.
· Plan de empleo juvenil para los menores de 35 años, con subvención de las cotizaciones a la seguridad social en el caso de los contratos indefinidos.
· Plan de rehabilitación de viviendas residenciales.
· Plan de inversiones en infraestructuras de proximidad intensivas en mano de obra.
· Plan de reforestación y regeneración de cauces y riberas.
Delimitación de la deuda pública y la deuda externa privada (especialmente la de las instituciones financieras). La Unión Europea debe proceder a la compra de deuda soberana de los países miembros y emitir bonos propios hasta donde sea necesario para impedir la especulación. La deuda financiera privada debe ser renegociada en función de los activos de las instituciones endeudadas.
4. PROPUESTAS PARA UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO
1. Queremos defender lo público y el papel de lo público en la economía. El Estado debe reequilibrar el mercado, no sólo corregirlo. El Estado debe volver a entrar en la economía, no sólo como salvavidas coyuntural, sino para quedarse. El
Estado y otras formas de propiedad pública y democrática. Proponemos:
· Recurperar para el sector público empresas públicas privatizadas.
· Desarrollar la protección social, la Seguridad Social y los servicios sociales.
· Garantizar la eficiencia y el desarrollo de los servicios públicos, con propiedad y gestión públicas.
2. Proponemos un cambio del modelo de relaciones laborales que es en España el rasgo más negativo del actual modelo productivo, mucho más que la especulación inmobiliaria. Una parte esencial del cambio en el modelo de relaciones laborales es la reforma empresarial y no la reforma laboral. Hay que cambiar la gestión empresarial en este país: hay que penalizar el modelo de salarios bajos, precariedad y desregulación. Considerarmos el pleno empleo, digno y de calidad, como el eje determinante del nuevo modelo productivo con políticas de reparto del trabajo y producción sostenible. Proponemos:
· Derogación de la Reforma Laboral.
· Recuperación de la primacía de la negociación colectiva.
· Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales.
· Jubilación a los 65 años y reducción progresiva a los 60. Cotización máxima a los 35 años y período de cotización de 15 años. Mejora de las pensiones y reforzamiento de la sostenibilidad del sistema mediante medidas que conduzcan al incremento de sus ingresos por cotizaciones.
· Racionalización de los horarios de trabajo.
· Control y limitación de las horas extras.
· Elevación del salario mínimo a 1.100 €/mes.
· Establecimiento de un salario máximo.
· Limitación general de los salarios máximos. Tope de retribuciones en las Administraciones Públicas y organismos vinculados y dependientes con dos criterios: retribución máxima, la del Presidente del Gobierno y principio de una única retribución pública.
· Reforzamiento del Sistema Público de Pensiones.
· Eliminación de la figura del becario. Contratos en regla para todo tipo de trabajo.
· Supresión de las ETTs.
3. Proponemos introducir la democracia en la economía, desde la planificación sostenible del desarrollo hasta la gestión de cada empresa concreta. Defendemos la participación democrática de los trabajadores en la planificación económica y en la gestión de las empresas. Apostamos decididamente por la economía social.
4. Queremos desarrollar legalmente la exigencia de cumplimiento de los derechos subjetivos establecidos en la Constitución Española: derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, etc. Reconocimiento de la eficacia de los derechos subjetivos establecidos en el art. 27 y 35 de la Constitución Española. El desarrollo del artículo 35 implica el reconocimiento del derecho al trabajo y
alternativamente una prestación económica digna y suficiente y una formación durante todo el período de duración del desempleo.
5. Priorización de sectores productivos:
· Los sectores básicos: Construcción, Automoción, Turismo y Química verde. Estos sectores son imprescindibles para mantener el empleo en España y deben afrontar importantes procesos de modernización y de cambio. Son sectores esenciales en un cambio de modelo productivo en nuestro país, tanto en por su importancia en el PIB como en la generación de empleo.
· Los sectores emergentes: agricultura ecológica, construcción y reparación naval y de material ferroviario y servicios sanitarios y sociales. Estos sectores sólo podrán adaptarse y modificarse hacia un nuevo modelo productivo desde el impulso público. Producir un cambio radical en los fundamentos de la política agraria para que verdaderamente apoye un modelo social de agricultura, productivo y sostenible. La alimentación debe ser considerada un asunto estratégico.
· Los sectores de apuestas de futuro: mecatrónica, biología médica, aparatos médicos y biocombustibles. Estos sectores están escasamente implantados.
· Reconversión ecológica y social de construcción y turismo
Convocatoria a las fuerzas políticas y sindicales para la elaboración consensuada de un Plan de Reformas para el cambio de modelo productivo, precedido de un plan de relanzamiento de la actividad económica que impulse el mercado interno, estimule el consumo privado y público, y recupere el papel del sector público en la economía.
5. PROTECCIÓN A LOS DESEMPLEADOS Y DESEMPLEADAS
Tenemos que considerar la creación de empleo y la protección a los parados como el objetivo prioritario de la política económica del país, tanto en el nivel del Gobierno central como en los Gobiernos autonómicos en el marco de sus competencias. Para ello es necesaria la aprobación de planes de urgencia y de estrategias a medio plazo con las adecuadas dotaciones presupuestarias.
Rechazamos los ERE,s en las empresas con beneficios en sus cuentas de resultados.
Suspensión de todos los procedimientos de ejecución del embargo de la vivienda habitual o de corte de suministro de electricidad, gas, agua y teléfono para las personas en situación de desempleo.
Trasnporte público gratuito para las personas en situación de desempleo.
Deshaucios
· Reforma de la ley de enjuiciamiento civil en materia de desahucios, con la incorporación de la fórmula de la dación en pago como liquidación de la deuda con la entrega del bien hipotecado.
· Fortaler las acciones sociales movilizadoras para bloquear los procesos de desahucio en curso, paralizando los lanzamientos y reivindicando la vivienda como un derecho fundamental en los casos en que se trata de la vivienda de residencia.
· Suspensión o interdicción de todos los desahucios de manera que ningún núcleo de convivencia reste sin vivienda, haciendo efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna.
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Una fuerza de izquierdas alternativa debe tener como objetivo la consecución de una democracia avanzada, en el marco de un Estado federal, republicano y solidario que amplíe los marcos de libertad y participación y garantice el bienestar económico, social y cultural de los ciudadanos. Una sociedad que establezca un nuevo modelo de desarrollo ecológicamente sostenible, donde las grandes opciones socioeconómicas sean reguladas democráticamente.
Estamos ante un ciclo histórico en el que se pone de relieve que los cambios no se consiguen el Parlamento, se consiguen cuando existe la fuerza social para conseguirlos.
Sabemos que para cambiar el régimen económico tiene que haber cambios políticos y hacer políticas para los millones que sufren la crisis. Por ello, en este momento más que nunca, debe estar ligado el trabajo institucional con el social para avanzar hacia una democracia plena.
Debatir las demandas del 15-M, que pide exactamente eso, que sus propuestas sean tenidas en cuenta y sea debatidas, es lo que pretendemos, por eso, os proponemos un texto elaborado para la Convocatoria social que preparó Lara Hernández:
¿Qué puede aportar el 15M a una Convocatoria social?
Punto de partida: ¿Qué puede aportar el 15M a una convocatoria social? La tesis que voy a defender es que este movimiento ofrece a la izquierda una gran oportunidad para renovarse social y políticamente. Voy a intentar justificarla apoyándome en 5 logros, en 5 victorias del movimiento.
En otras palabras, a la pregunta ¿qué puede ofrecer el 15M a la izquierda política? No cabe más respuesta que sus conquistas:
1. El movimiento 15M ha logrado crear una nueva conciencia generacional de participación y protagonismo político entre los jóvenes. Ellos ya saben que pueden tomar parte activa en la cosa pública y además, pueden influir en ella.
Los escenarios de lucha política anteriores, protagonizados por VdeVivienda, el Movimiento Antibolonia y más recientemente, JSF, han cristalizado en el movimiento 15M.
Sin embargo, hay que remarcar que la protesta en curso no es un movimiento generacional. “Es un movimiento de crítica al actual modelo económico y a los intentos de que la crisis la paguen los trabajadores con un peso fundamental de la juventud”. La protesta juvenil debe actuar como factor desencadenante y catalizador de un ciclo de luchas sociales más amplio. Pero no puede reducirse a ella.
2. El 15M ha creado, por fin, un cauce, una vía de canalización a todo el descontento y malestar general, que es nuestro deber mantener. El movimiento 15-M obtiene buena parte de su fortaleza en que está canalizando las expresiones de ira individual hacia un proceso colectivo de transformación social, ciudadana y democrática.
El 15M no es un movimiento social, son todos los movimientos sociales que han dibujado el mapa de las luchas sociales y políticas españolas en los últimos 10 años. Aquí cabemos todas: queremos hacer política, integrar la política en la vida cotidiana, politizar la vida. Y en este sentido, el 15M demuestra que la izquierda social lleva una clara ventaja a la
izquierda política en su vocación de cambio del sistema y en su estrategia y táctica, de necesaria alianza entre los distintos agente sociales. Ahora le toca reaccionar a la izquierda política y sindical.
3. Ha logrado denunciar públicamente la pérdida de legitimidad de las élites que nos gobiernan y representan. Que estas élites son una institución totalmente denostada y que han perdido la confianza de la población española era algo que ya sabíamos todos.
Pero no es lo mismo aceptarlo con resignación en la esfera privada, en tu casa, que denunciarlo con indignación en la esfera pública. Denuncia que además, es ya transformadora.
4. Ha logrado cuestionar la agenda pública española desde abajo . Una agenda hasta ahora dictada desde arriba por las élites políticas y mediáticas que monopolizan la esfera pública de debate, vedando el acceso de los demás sectores de la sociedad civil. De ahí la consigna "no nos representan", pues en efecto nuestras élites políticas representan a los mercados financieros en mucha mayor medida que a sus bases electorales. Pues bien, al levantar la voz desde la plazas mayores de muchas ciudades, los indignados del 15-M han roto este monopolio discursivo y han impuesto su propia agenda de demandas ciudadanas.
5. Ha logrado poner la violencia del lado del estado . Hay quien considera violento que se ocupen las plazas públicas o se deslegitime al parlamento y a las autoridades del país, otras consideramos violento que se voten las leyes al dictado de los poderes económicos y financieros y en contra del interés general o que se desahucie a miles de personas o que haya más de cuatro millones de parados, etc... Es evidente que en todos estos casos no hay violencia física. No hay golpes o lesiones, pero se produce de hecho una agresión muy real contra la instituciones y contra la mayoría de la ciudadanía. Pues bien, una de las grandes conquistas del 15M se debe a su opción no-violenta. Precisamente gracias a haber optado por esta metodología se ha podido ver de forma clara estos mecanismos descritos. El rechazo de toda forma de violencia física por parte del movimiento ha obligado al Estado a escenificar artificialmente la violencia a través de sus fuerzas del orden, como se ejemplificó claramente en Barcelona. Esta actitud ha tenido un curioso efecto: ha separado claramente la violencia de la convivencia pacífica y de la auténtica vida política, poniendo ese foco de la violencia del lado del Estado.
Por tanto, y volviendo al principio, estas son cinco de las muchas victorias del 15M. Lo que puede aportar a la izquierda política actual. Pero como siempre, todo dependerá de la capacidad de la izquierda y de los movimientos para crear puentes, practicar la acción colectiva y dotarse de una propuesta común.
Santiago Álvarez Cantalapiedra ha recordado en una articulo de Rebelión un pasaje de las Ciudades Invisibles de Italo Calvino en el que ésta plantea una reflexión sobre el infierno. Señala aquí el autor italiano que, si existe, está aquí entre nosotros, y que hay dos maneras de soportarlo.
La primera resulta más fácil para la mayoría: aceptarlo y convertirse en parte de él hasta dejar de notar que existe. La segunda es peligrosa y requiere sabiduría y una atención constante: consiste en buscar, y en saber reconocer en medio del infierno, lo que no es verdaderamente infierno y hacerlo durar y darle espacio. Mejor imposible. De eso se trata.
1. PROPUESTAS PARA CAMBIAR LA LEY ELECTORAL
Hay que adecuar la composición de las instituciones representativas a la voluntad popular, expresada a través de sus votos y democratizar el funcionamiento de estas instituciones. Ese es nuestro objetivo, por lo que:
Proponemos la reforma del sistema electoral, encaminada a garantizar la proporcionalidad en el reparto de escaños, para que todos los votos valgan por igual.
2. PROPUESTAS PARA AVANZAR HACIA LA III REPÚBLICA
La Transición se ha constituido en todo un Régimen que ha ido consolidando aspectos conservadores de la misma como: la no ruptura política, moral ni económica con el franquismo, el modelo monárquico, el protagonismo de una Iglesia católica sufragada con fondos públicos, el modelo electoral de 1977, el control conservador de colectivos fundamentales como el poder judicial. Hay que incorporar el problema de la impunidad del franquismo, así como recuperar la memoria histórica, que apareje reconocimiento e indemnizaciones a las mujeres y hombres que lucharon contra el franquismo.
Mientras, algunas conquistas de la izquierda para el texto constitucional no son hoy más que papel mojado. La Constitución del 78 recoge derechos como: el derecho a un trabajo suficientemente remunerado (art. 35), el derecho al acceso a la cultura (art. 44), derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47) y que los poderes públicos “establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción” (art. 129) y que “el Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución” (art. 131.1).
En los últimos años son varios los síntomas de colapso del modelo, en medio de una crisis económica y política que golpea a la clase trabajadora y supone un vaciamiento de la democracia representativa al evidenciarse que las decisiones clave las adoptan las grandes fortunas, capaces de hundir o reflotar una moneda, y organismos europeos y mundiales que no responden a ninguna legitimación democrática.
Necesitamos un cambio político sustancial que conlleve un giro económico, social, cultural y ético radical. A tal cambio la izquierda le llama III República.
Es la afirmación de una radicalidad democrática: sólo es legítimo el régimen que es república, cosa publica, cosa de todos, en cuyo cuidado y gobierno todos están comprometidos ejerciendo la responsabilidad de su virtud ciudadana.
No existe libertad si no se dan las condiciones materiales que la hagan posible, por ello defendemos la afirmación antitiránica frente a toda forma de dominación y una convivencia basada en las virtudes cívicas. La libertad republicana es la ausencia de dominación, tanto en los ámbitos públicos como privados, por eso entendemos que el Estado republicano debe ser un Estado social.
Para ello, proponemos el inicio de un proceso constituyente que devuelva la voz y el poder de decisión a los ciudadanos.
3. PROPUESTAS PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN
La regeneración de la vida democrática sólo será posible:
reformando las formas de hacer política
recuperando su concepción de debate de alternativas ante los grandes problemas
frenando la tendencia a la autonomía de la denominada “clase política”
reforzando las relaciones representantes-representados
acercando el poder y la capacidad de decisión a los ciudadanos
desarrollando los distintos sujetos sociales de la sociedad civil
democratizando los aparatos e instituciones del Estado
anteponiendo la legitimidad y la razón jurídica a la razón de Estado y la corrupción
dignificando la actividad pública.
Esta regeneración no será posible sólo con cambios legales o institucionales, deberá acompañarse de un cambio cultural y de una autorreforma de los propios partidos políticos.
La corrupción es un cáncer para la democracia y causa de desprestigio de la política y lo público. Es un fenómeno estructural del capitalismo. La corrupción no es sólo un problema moral sino estructural con raíces económicas y sociales. La tolerancia social frente a la corrupción tiene que cambiar.
· Medidas para asegurar el comportamiento ético de los cargos públicos: regulación estricta de incompatibilidades, medidas contra el transfuguismo, declarar los bienes patrimoniales, ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas, etc. Los cargos públicos deben ser revocables.
· Reforma del sistema de elección de los órganos de gobierno de las instituciones en cuya determinación intervienen las Cortes Generales o los Parlamentos Autonómicos (p.e. el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el consejo de administración de RTVE, el Consejo de Seguridad Nacional, etc.) a fin de evitar las cuotas de partido y su permanente politización.
· Democratización del funcionamiento de las Cortes Generales, de los Parlamentos Autonómicos y de los Plenos Municipales, a fin de asegurar la transparencia en la toma de decisiones, la participación de las minorías y el control de las actividades del poder ejecutivo y la participación de la sociedad en los mismos.
4. PROPUESTAS PARA UNA DEMOCRACIA PLENA
Proponemos el Estado Social Participativo que, manteniendo la centralidad de lo público, promueva el interés colectivo, la equidad y la solidaridad con vocación de superar los rígidos esquemas burocráticos del Estado del Bienestar, mediante la descentralización del poder y la articulación de mecanismos participativos que permitan un proceso de toma de decisiones más coproducido, más consensuado con los propios ciudadanas y ciudadanos.
Un modelo de democracia avanzada necesita una sociedad civil fuerte y vertebrada, en la que las organizaciones y colectivos sociales contribuyan a la democratización y transformación de la sociedad.
Se trata de avanzar hacia una democracia participativa que ponga a los ciudadanos en el centro de la política y posibilite su participación en las decisiones de los Gobiernos, en la planificación y ejecución de las políticas públicas y en la gestión de los servicios públicos. Para ello es imprescindible extender la democracia participativa a las empresas públicas y privadas. Queremos cambiar la tendencia actual neoliberal de convertir a los ciudadanos en sujetos pasivos y acríticos, “consumidores” de servicios.
La participación requiere:
a) potenciar la organización de la sociedad civil.
b) mecanismos de participación a todos los niveles de la esfera pública;
c) adecuar la estructura y el funcionamiento de las administraciones públicas al proyecto participativo.
d) fomentar la participación de las mujeres para asegurar una democracia paritaria. Paridad en los ámbitos de representación.
e) fomentar espacios públicos para la participación.
f) crear instrumentos de evaluación de las políticas públicas.
Entendemos que se podría complementar la democracia participativa con la democracia deliberativa y que algunas decisiones deban ser objeto de un debate general en toda la sociedad. La democracia participativa tiene que estar tamizada por el objetivo de perseguir el bien común.
La reforma de los mecanismos de participación directa de los ciudadanos (Iniciativa Legislativa Popular, incluyendo la modificación de leyes orgánicas, Referenum y consultas populares a nivel municipal) a fin de que puedan ser instrumentos adecuados, factibles y vinculantes para canalizar dicha participación.
Presupuestos Participativos por Ley deben:
Ser autorreglamentados y vinculantes, con elección de delegados con mandato imperativo de la asamblea y democracia directa (un hombre o una mujer un voto).
Contarse con espacios deliberativos previos al proceso asambleario
Establecer sistemas de seguimiento de lo aprobado y control social, es decir, establecimiento de rendición de cuentas
Ir encaminados a la inclusión social y a la superación de las desigualdades
Generar información para la aprobación del proceso por parte de la ciudadanía, poniendo al servicio del proceso a las instituciones y a su maquinaria administrativa
Tener perspectiva género.
Recuperar el papel de los barrios como célula básica de la actividad municipal, con la participación de los movimientos vecinales y sociales y en particular con las organizaciones de mujeres.
Crear la figura del Defensor del Ciudadano para agilizar la respuesta de los ayuntamientos cuando la ciudadanía considere vulnerados sus derechos.
Garantizar las consultas populares vinculantes.
Debemos fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos. Los bienes comunes exigen formas de propiedad pública socializada. Se trata de crear una nueva forma de gestión pública que permita a los ciudadanos a participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de los servicios públicos.
Autonomía financiera de las administraciones locales:
Cumplir los pactos de la FEMP, en la política de los tres tercios, para hacer efectiva la suficiencia financiera de los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía y garantizar la atención a los vecinos. Pedimos una Ley de Financiación Local que defina los recursos y las competencias de las administraciones locales.
Recomponer la actual estructura del gasto, que condena a las administraciones locales a una subfinanciación estructural que deja herida la autonomía local y a la prestación de servicios por los ayuntamientos, los cuales asumen competencias impropias a causa de la presión social y la dejadez de las otras administraciones.
Avanzar cara a racionalizar la estructura administrativa del Estado: eliminación de las diputaciones y reducción del número de ayuntamientos mediante procesos de fusión.
5. LAICIDAD
El laicismo supone la existencia de las condiciones políticas, jurídicas y sociales que permiten garantizar el derecho al pleno ejercicio de la libertad de conciencia en cualquiera de sus manifestaciones y en un plano de igualdad.
Hoy no existen tales condiciones porque el carácter aconfesional aludido en la Constitución viene negado con la afirmación del Art. 16.3 de que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Esas relaciones se sustentan en: Concordato del año 53, los Acuerdos con la Santa Sede en 1979 y en la ley de Libertad Religiosa de 1980 que amparan subvenciones, privilegios fiscales, presencia y simbología religiosa en instituciones públicas..., negando el principio de separación entre Iglesias y Estado. Proponemos:
· Eliminar cualquier tipo de financiación pública, exención fiscal o administrativa, donación de suelo público o subvención directa a instituciones religiosas.
· Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos y espacios públicos.
· Los actos confesionales no tendrán carácter “oficial”. Ningún funcionario público participará en su condición de tal. No debe haber ninguna ostentación de fe en la Jefatura del Estado.
· Respetar en la escuela el pluralismo ideológico y la libertad de conciencia de alumnado y profesorado, suprimiendo el adoctrinamiento religioso o la exhibición de símbolos confesionales. La formación religiosa, para quien la desee, debe quedar fuera de la enseñanza oficial.
· No puede haber financiación pública para los centros educativos con ideario religioso u otro que suponga exclusión y segregación ideológica o de cualquier otro tipo para el alumnado.
· Suprimir la obligación de declarar sobre las creencias, o sobre la ausencia de ellas, en cualquier tipo de documentación civil.
· Excluir de los centros públicos la presencia institucional de clérigos.
· Facilitar que cualquier ceremonia civil pueda celebrarse dignamente al margen de connotaciones religiosas.
· Para fortalecer la convivencia en un plano de igualdad reivindicamos: incorporar conmemoraciones civiles al calendario laboral y escolar, nombres de personas ilustres de todas las tradiciones al callejero municipal, denominación neutra de las vacaciones escolares, igual acceso a los medios de comunicación públicos, eliminando el privilegio de trato concedido a sectores confesionales.
REVOLUCIÓN AMBIENTAL
Debemos cambiar las tendencias de creciente consumo de recursos naturales, de incremento de emisiones y aumento de trabajo en precario para lograr el desarrollo social y ecológicamente sostenible dentro de un modelo económico concebido para atender las necesidades básicas de los seres humanos. Precisamos una sociedad que impulse el desarrollo humano, un territorio que cumpla sus funciones y una relación de los seres humanos con la naturaleza que garantice la integridad de los ecosistemas.
Para ello es fundamental la propiedad y la gestión pública de los recursos naturales estratégicos: agua, energía, aire y suelo, evitando que se conviertan en mercancías. Impulsar las energías renovables, el “empleo verde” y el apoyo a nuevas fórmulas de economía solidaria.
Tenemos que cambiar las reglas de juego de los sistemas de valoración de bienes y servicios y de financiación, para evitar que estos métodos sigan estableciendo una separación cada vez mayor entre las grandes aglomeraciones urbanas, o los estados industrializados (que actúan como núcleos de atracción de población, capitales y recursos), y el mundo rural, o el Tercer Mundo, que se han convertido en áreas de apropiación de recursos y vertido de residuos. Es preciso replantear en su raíz la contabilidad del sistema económico y usar la “Huella Ecológica”, el Índice de Progreso Efectivo o el Índice de Desarrollo Humano.
Los tributos ambientales son parte de la necesaria reforma de la contabilidad con criterios ecológicos y de una nueva orientación del gasto público. Esta fiscalidad verde no tiene por finalidad la recaudación, sino incentivar cambios profundos en la producción, distribución y consumo: debe gravar las actividades que perjudican el medio ambiente e incentivar las que tengan efectos favorables.
1. PROPUESTAS DE PLANIFICACIÓN URBANA. Alquiler social de la vivienda
Es necesario democratizar la ordenación del territorio y establecer su planificación política con participación del tejido social, que defina necesidades industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas, de servicios, etc. Debemos favorecer estrategias para generar una red de ciudades medias y un mundo rural productivo, y de evitar la concentración grandes aglomeraciones urbanas que son insostenibles.
La ciudad es un espacio de relación, de encuentro entre las personas, donde es importante definir la localización de las viviendas, las actividades productivas y las infraestructuras, los usos del suelo, la proximidad y accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas y la protección del medio físico.
El capitalismo ha generado procesos de polarización social y de polarización territorial: territorios de acumulación de capital, población y medios de producción, frente a zonas destinadas a la explotación de los recursos naturales y al vertido de residuos.
Mientras la concentración financiera y empresarial se efectuó bajo el prisma de la “competitividad”, en la política territorial se aludía a la competitividad entre ciudades, pueblos y territorios relacionándola con el comercio internacional para promover el desarrollo. Pero la realidad ha sido muy diferente y la urbanización intensiva ha mostrado efectos negativos: sobreexplotación de recursos, saturación de sumideros, exceso en el consumo de energía y cambio climático.
Parecería lógico que las economías de aglomeración, las economías de escala, favorecen, frente a la dispersión rural, menores agresiones ambientales en la edificación, la construcción de infraestructuras, transporte y transporte y distribución de energía. Pero es todo lo contrario. En el transporte la efectividad depende del uso del
suelo y de la proximidad de las viviendas a los lugares de trabajo, estudio, compras, servicios; dependiendo mucho más de esto que de las infraestructuras o las características tecnológicas de los vehículos...
La ciudad debe ser compacta, equilibrada, destinada a la vida social, diseñada de forma participada y con criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental. Donde se garantice la calidad de vida, la libertad y el ejercicio de los derechos humanos desde la corresponsabilidad, recuperando espacios para un proyecto de libertad, solidaridad y responsabilidad ecológica. Se trata de configurar ciudades para vivir, con un óptimo equipamiento colectivo, dotado de servicios públicos de calidad y amplias zonas verdes que unan campo y ciudad.
El alquiler social es el principal camino para la satisfacción del derecho constitucional a la vivienda.
La crisis económica que sufrimos desde 2007 ha hecho que el número de desahucios supere las 140.000 viviendas. La ONU asegura que los embargos en España fueron en 2010 un 197% más que los de 2007 y que 180.000 familias fueron afectadas por este fenómeno en 2009. En especial, aquellas familias en las que uno o varios de sus miembros estaban en paro o habían agotado la prestación por desempleo. Con los desahucios se niega expresamente el derecho a la vivienda establecido en la Constitución, al poner por delante los derechos al beneficio de la entidad financiera o de la propiedad del inmueble. Hoy existen en el territorio español 4.000.000 viviendas vacías, siendo un millón de ellas viviendas nuevas.
2. PROPUESTAS PARA UN TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
La función del transporte es garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, independientemente del lugar donde vivan, renta, edad o género. Crear accesibilidad con la mínima movilidad, sin generar más movilidad que la necesaria con un sistema de transporte de universal y público.
El ferrocarril es el modo de trasporte público colectivo que, junto a la marcha a pie y la bicicleta, nos puede ayudar a reducir las emisiones.
Es necesario sustituir los desplazamientos realizados en los medios de transporte de mayor impacto (automóvil) por desplazamientos en transporte público colectivo y reducir la demanda de desplazamientos. Para ello planteamos dos estrategias: reducir la necesidad de desplazamientos de grandes distancias, crear condiciones para los desplazamientos a pie y en bicicleta e implantar transporte público colectivo entre todos los núcleos urbanos y estaciones ferroviarias.
La época de energía barata ha provocado una forma de vida basada en el “más rápido y más lejos” incrementando los desplazamientos de personas y mercancías y las distancias recorridas en cada desplazamiento: se ha incrementado la movilidad.
A pie, en bicicleta y en tren normal, como modos y medios fundamentales, y automóvil, moto, furgoneta, camión, autobús, avión, tren de alta velocidad, como modos y medios complementarios.
3. PROPUESTAS PARA OTRO MODELO ENERGÉTICO
Debemos potenciar la generación distribuida, la producción cerca del consumo, las redes inteligentes de distribución y las microrredes de ámbito municipal y comarcal. Debemos planificar a largo plazo con líneas estratégicas de sustitución de combustibles fósiles y uranio por fuentes renovables. Empezando por sustituir las
centrales nucleares, las centrales térmicas de carbón, petróleo y gas, y el transporte en vehículos de baja capacidad y motores de combustión interna.
Debemos impulsar la energía fotovoltaica en techo, la energía solar térmica para climatización y agua sanitaria, la energía minieólica y la geotérmica, la eólica marina, la solar termoeléctrica con posibilidad de cogeneración, la geotérmica, la undimotriz y la mareomotriz. Aumentando en 10.000 MW la generación de electricidad a partir de energías renovables se puede prescindir en España, en 2020, de las centrales nucleares y de las térmicas de petróleo y carbón.
La energía fotovoltaica en tejado permite la autoproducción con instalaciones de escasa potencia eléctrica, como si fueran un electrodoméstico. Se debe facilitar la conexión a red de pequeñas instalaciones de energía fotovoltaica sobre tejado, que también incluya la minieólica y la microgeneración. Favoreciendo en la microgeneración la de biomasa, “motor stirling” o célula de combustible con hidrogeno producido por electrolisis a partir de energías renovables. No deben existir cupos que limiten el número de instalaciones fotovoltaicas.
No son energías renovables los combustibles sólidos recuperados, CSR, que fomentan la incineración de basuras y residuos sólidos urbanos que contaminan la atmósfera. Bajo una gestión adecuada, podrían ser reutilizados o reciclados.
La energía es un bien público universal y no una mercancía. Se debe fomentar la generación de electricidad a partir de renovables con aplicación de tarifas progresivas, con fijación de precios máximos y servicios mínimos.
4. PROPUESTAS PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA
El agua es un bien común que debe gestionarse como un recurso público no mercantil, un bien universal con acceso garantizado como un derecho humano. La nueva cultura del agua reclama el principio de la recuperación de costes, incluidos los ambientales en todos los servicios relacionados con el agua, según la Directiva Marco del Agua .
El agua es más que un recurso aprovechable, es un bien público, una parte del paisaje y el elemento fundamental para el soporte de la vida y los ecosistemas.
Una política de uso social, racional y sostenible del agua debe primar la eficiencia, el ahorro, la reutilización y la depuración integral; y mantener la capacidad de renovación de los ríos, humedales, aguas costeras de transición, y acuíferos, asegurando los caudales ecológicos y la los planes de cuenca.
5. PROPUESTAS PARA PROTEGER EL ENTORNO Y UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE
El sistema agroalimentario actual genera contaminación de agua y suelo, pérdida de biodiversidad, deforestación y desertificación, eutrofización de lagos y mares, pérdida del derecho a la soberanía alimentaria. Dicha soberanía debe basarse en el impulso a la explotación agroganadera familiar, recuperando los espacios rurales tradicionales y reconociendo el aporte de preservación de la biodiversidad que realiza la agroganadería extensiva. Se necesita contemplar una nueva reforma agraria.
Se debe impulsar la agricultura y ganadería ecológicas por medio de técnicas cuyo objetivo sea la obtención de alimentos con todas las propiedades naturales, con uso óptimo del entorno físico, preservación del medio ambiente y mantenimiento o incremento natural de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso de productos químicos de síntesis (fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc).
Un factor clave es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circuitos cortos de comercialización, con especial atención a las bases productivas de cada territorio. Producir y distribuir las mercancías alimentarias sirviéndose de la producción agroindustrial a gran escala y con destino al mercado internacional, incrementa la especulación en los precios de los alimentos y la concentración de tierras, recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, mientras empobrece a la pequeña producción y condena a la desnutrición y al hambre a millones de personas. Es evidente que la seguridad y calidad alimentaria, la seguridad ambiental y la justicia social son tres elementos que han de convivir en armonía en las políticas alimentarias.
La agricultura y la ganadería del siglo XXI deben tener carácter multifuncional, protegiendo el material multiplicativo de las plantas, garantizando el derecho de los agricultores a disponer de sus propias semillas, aplicando programas de desarrollo de agricultura y ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de organismos modificados genéticamente en la producción de alimentos, así como las patentes biológicas.
La agricultura industrial, o agronegocio, de uso intensivo en cuanto a energía, agua, fertilizantes y agroquímicos ha aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero. Es posible adaptar la agricultura para que emita mucha menor cantidad de gases con efecto invernadero y para que se convierta en un sumidero de carbono.
Nuestros territorios reúnen condiciones para desarrollar la agricultura ecológica por su clima y los sistemas extensivos de producción que se aplican en un gran número de cultivos. En la producción animal poseemos un rico patrimonio genético de razas autóctonas, de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, que favorece la cría en régimen extensivo. En el campo pesquero es necesario proteger los recursos y lograr que la pesca artesanal tenga porvenir. La presencia de las formas artesanales de pesca asegura una parte importante del desarrollo sostenible de las zonas litorales.
Debe efectuarse una gestión forestal ecológica, basada en la protección del suelo y la biodiversidad para prevenir la degradación de la cubierta vegetal y la desertificación.
REVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
La izquierda tiene la tarea de, por un lado, defender los sistemas de bienestar y, por otro, construir las alianzas necesarias para ir hacia un modelo avanzado de Estado Social en el que cada derecho esté garantizado por un servicio o poder público, como ofensiva a la propuesta neoliberal de adelgazar el Estado.
La educación, el cuidado de la infancia, la enfermedad, la tercera edad, la salud, el suministro de agua potable y el sistema de desagüe, la energía, el transporte público, correos, el deporte y la cultura... no son mercancías sino servicios públicos que dependen de la responsabilidad estatal. Por ello no se les puede someter al principio de la competitividad del coste más bajo y el máximo beneficio.
Los Servicios Públicos permiten la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía en condiciones de acceso universal, no discriminatorio y con coste asequible. Las políticas sociales que se lleven a cabo han de ser transversales, participativas y redistributivas. Por eso se necesitan unos servicios 100% públicos y decimos no a la privatización que hace de los derechos sociales un negocio y no un derecho.
Defendemos el carácter universal de los servicios públicos frente a la selección por renta. No queremos más privatizaciones de servicios públicos y de bienes comunes sino una “Re-municipalización” y reconversión en propiedad pública. Defendemos la existencia de fuertes empresas públicas en los sectores estratégicos de la economía y más inversión en educación, salud, transporte público, deporte, cultura…
1. PROPUESTAS PARA UNA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAICA
Apostamos por la escuela pública como garante del ejercicio del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. Proponemos un gran acuerdo social en materia educativa que se concrete en las siguientes propuestas para una educación pública, laica, democrática y de calidad:
1. El Sistema Público de Educación debe ser el eje fundamental del sistema educativo, mediante una red de centros docentes públicos. Hay que impedir las cesiones de suelo municipal para los centros privados concertados. Proponemos la reducción progresiva de los conciertos educativos.
2. Calidad con equidad para evitar el fracaso y el abandono escolar.
3. Evaluación como estrategia de mejora.
4. Escuela pública inclusiva e intercultural.
5. Escuela pública laica.
6. Formación profesional pública.
7. Educación de personas adultas
8. Apoyo y motivación del profesorado.
9. Escuela pública democrática.
10. Universidad pública al servicio de la sociedad.
11. Ley de financiación del sistema educativo.
2. PROPUESTAS PARA UNA SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSAL
Entendemos la Salud como una categoría que va más allá de la ausencia de enfermedad y se considera "un estado completo de bienestar físico, mental y social".
Nos pronunciamos en defensa del Sistema Nacional de Salud en todo su carácter conquistado: público, universal, de calidad, integral, solidario y de equidad garantizada. Consideramos que su objetivo irrenunciable es el de dar la cobertura y servicios para garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a la protección de la salud, sin discriminación de ningún tipo. Y no sólo en la vertiente reparadora o curativa sino también en las acciones de prevención y promoción de salud.
Entendemos que la salud es un derecho y no una mercancía. Por lo que defendemos la universalización de la sanidad como prestación no contributiva y derecho subjetivo.
Defendemos la Sanidad Pública
Defendemos el carácter público del sistema nacional de salud, sin "híbridos- mixtos" ni fórmulas parasitarias, siempre orientadas hacia el beneficio del mercado. Queremos acabar con el desequilibrio existente entre las CCAA en gasto per cápita en Sanidad.
Exigimos la derogación de la Ley 15/97, para recuperar la Sanidad Publica y para acabar con la privatización y reivindicamos una sanidad libre del co-pago.
Planteamos acabar con el déficit de profesionales sanitarios y con la precariedad en sus condiciones de trabajo. Por otro lado, consideramos que es necesario revertir las mutuas privadas a la sanidad pública para garantizar los derechos sanitarios, sociales y laborales de los trabajadores.
Defendemos incluir como parte de la sanidad pública, la atención a la salud sexual y reproductiva.
3. PROPUESTAS PARA UNOS SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD
Debemos garantizar que los servicios sociales públicos sean la referencia para el desarrollo de la protección social, que no debe verse interferida por una privatización de servicios destructiva para la cobertura universal de las necesidades sociales.
Instamos a transformar los servicios sociales actualmente existentes, para que no sean un mecanismo funcional al sistema capitalista, que favorece la existencia de un ejército de reserva de excluidos sociales. Reivindicamos unos servicios sociales participativos y bien gestionados desde lo público.
Los servicios sociales deben luchar contra la pobreza y la desigualdad en cuatro espacios: sociolaboral, sociosanitario, socioeducativo y sociocultural, y desde una perspectiva preventiva y de género.
Para ello, la primera medida ha de ser la de aumento del gasto social, al menos hasta equipararlo a la media europea y hasta alcanzar el 7% del PIB.
Elaboración de una Carta de Derechos Sociales y su instrumentación jurídica para que se definan los derechos exigibles subjetivamente por los ciudadanos.
Queremos una Ley de Servicios Sociales Estatal, concibiendo los servicios sociales como un derecho instituido.
Sistemas de rentas mínimas de amplia cobertura y de relevante dotación presupuestaria. Proponemos la renta básica de ciudadanía o bien un salario social
Exigimos financiación y gestión pública de la Ley de Dependencia, que toda persona afectada pueda elegir ser atendida en su domicilio por especialistas o en
un centro adecuado a sus necesidades y que el tiempo de espera no exceda de los seis meses. Queremos evitar la aplicación perversa que se está haciendo de la Ley de Dependencia que promueve la “feminización de los cuidados” mediante la “prestación a la cuidadora”.
Las políticas de apoyo a la discapacidad deben implicar una apuesta radical por la promoción de la autonomía personal y por la igualdad de derechos.
Defendemos unos servicios sociales 100% públicos que redunden en beneficio de los usuarios, pero también en el de los profesionales, como trabajadores públicos con derechos y garantías y no como trabajadores precarios de subcontratas privadas.
4. PROPUESTAS PARA QUE LA VIVIENDA SEA UN DERECHO
Consideramos la vivienda como un derecho y exigimos desarrollar mediante Ley Orgánica el artículo 47 de la Constitución que garantiza este derecho.
Proponemos que el Estado y las CC.AA. adquieran anualmente un paquete de viviendas construidas y terminadas proporcionales a la demanda de viviendas a precio de coste.
Fomentar la autoconstrucción de viviendas.
Todos los desahucios serán suspendidos en el caso de trabajadores y trabajadoras en paro con la finalidad de evitar la ejecución del lanzamiento de la vivienda. Se establecerá un sistema de mediación que permita que los afectados puedan continuar en su vivienda mediante un pago que en ningún caso superará el 30% de sus ingresos.
Exigimos la dación en pago.
5. PROPUESTAS EN PARA UNAS PENSIONES JUSTAS
No hace falta recortar las pensiones, ni elevar la edad de jubilación ni ampliar los años para calcular la pensión. Lo que hace falta es reforzar y consolidar el sistema.
Defendemos el sistema de pensiones como un mecanismo de redistribución de la riqueza y no como uno acumulativo, como en el caso de las pensiones privadas. Debemos defender, informar y concienciar de que este sistema de pensiones es sostenible económica y socialmente.
Estamos en contra de cualquier congelación de las pensiones, es más, creemos que es necesario revalorizarlas. Nos oponemos a cualquier modificación para el acceso y cálculo de las mismas, por ello proponemos:
Eliminar los topes máximos de cotización y acercar la cotización a los salarios reales.
Que no se aumente la edad de jubilación por encima de los 65 años.
Que no se incremente el período de cómputo para calcular la pensión más allá de 15 años. Defendemos no aumentar los años necesarios de cotización, sino su disminución
Que las pensiones se revaloricen al menos lo mismo que aumenten los precios (IPC) y más aún para las pensiones más bajas.
Flexibilizar la edad de jubilación de forma voluntaria en determinadas actividades profesionales, incentivando en ese caso la pensión.
En última instancia, el Sistema Público de Pensiones puede ser parcialmente financiado con los impuestos. Exigimos la creación de una Ley Orgánica del régimen de pensiones de la Seguridad Social, que supere el Pacto de Toledo y que las garantice y mejore.
6. PROPUESTAS PARA REFORMAR LA JUSTICIA
El sistema constitucional español ha sido incapaz de conseguir la independencia del Poder Judicial. La utilización partidista de órganos tan importantes como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o el Fiscal General del Estado es tan clara que la crisis producida está minando la credibilidad de la propia Justicia.
La corrección de esta situación obliga a reformar el sistema de elección de estos órganos, haciendo desaparecer las cuotas de partido. En el caso del Fiscal General del Estado, su elección y cese debería depender de las Cortes Generales. Se debería cambiar el modelo de Ministerio Fiscal, atribuyendo la instrucción al propio fiscal. Otro problema constitucional respecto al diseño de la Justicia es la permanencia de Tribunales procedentes del franquismo, como la Audiencia Nacional y los Tribunales Militares, que deberían desaparecer y pasar sus atribuciones a la jurisdicción ordinaria.
Existe un rechazo corporativo de una parte importante de la judicatura, de ideología conservadora y a veces totalitaria, a la aplicación de la Justicia Universal y la presión que ejerce para mantener la impunidad de los crímenes franquistas. La persecución y clarificación de los crímenes el franquismo y la restitución del honor de las víctimas es un deber moral que tiene el Estado democrático.
Existe un distanciamiento progresivo de la Justicia respecto a los ciudadanos que se concreta su opacidad y las dificultades que tiene el ciudadano para disponer de información y poder acceder a ella de forma directa, sin tener que contratar a un procurador o un abogado.
Proponemos democratizar la Justicia y transformar su Administración en un servicio público transparente, ágil y de calidad, cercano al ciudadano. Tenemos que alertar sobre los planes de privatización y liquidación del derecho constitucional a la “justicia gratuita” que se suministra a través del Turno de Oficio.
REVOLUCIÓN PARA LA IGUALDAD
1. PROPUESTAS PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
El feminismo, como filosofía y práctica política, debe ser un eje vertebrador y transversal de nuestra política de transformación. Nuestra agenda y prioridades políticas deben estar enmarcadas en un concepto feminista que atraviese nuestro discurso y nuestra práctica. Sólo así podemos ser creíbles ante TODA la sociedad.
El feminismo plantea alternativas a la democracia, a las relaciones, al modelo económico, al empleo, a la salud, a la educación, a la imagen, a la cultura… El feminismo es el discurso global que unifica a las personas en opciones y posibilidades. El feminismo es la estrategia política que demandamos para conseguir elementos definitivos y consolidables de igualdad para todas y todos.
DERECHOS POLÍTICOS, DEMOCRACIA PARITARIA Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
· Modificación de la ley de Régimen Electoral General para garantizar que las listas electorales contemplen realmente un 50% de mujeres.
· Desarrollo efectivo de la democracia participativa, a través la puesta en marcha de los Presupuestos Participativos con Perspectiva de Género.
· Desarrollo del Consejo Estatal de las Mujeres, compuesto por asociaciones feministas, de mujeres por la igualdad y consejos autonómicos de mujeres.
· Reglamento marco que instaure obligatoriamente la paridad institucional y en los órganos y consejos de participación ciudadana.
Hasta ahora la política “democrática” sigue concebida de forma patriarcal: los derechos de ciudadanía de las mujeres son derechos políticos aún pendientes. Las oportunidades y las libertades de las mujeres están relacionadas directamente a las auténticas democracias.
La democracia participativa significa para las mujeres la posibilidad de incidir directamente en las formas y en el qué de la política. Y una forma de implementar las políticas participativas, paritarias y transversales son los presupuestos participativos con perspectiva de género. Hacer viable el principio de una persona un voto, significa crear el entorno político para que las mujeres estén integradas de manera plena en un ámbito de decisión directa. Paridad, propuestas transversales, responsabilidad directa, respeto de los derechos humanos específicos de las mujeres... son factores facilitadores de una democracia participativa y feminista.
DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LAS MUJERES
· Erradicación de la brecha salarial entre mujeres y hombres
· Lucha contra la segregación laboral y la precarización de los sectores laborales más feminizados.
· Servicios Públicos que posibiliten la conciliación de la vida laboral y privada.
· Equiparación de las Empleadas de Hogar al Régimen General.
· Presupuestos no inferiores al 5 %, para políticas de igualdad.
· Ampliación de la baja por maternidad.
Los mercados financieros, la economía especulativa y la democracia parcial van unidos intrínsecamente. Los derechos sociales y económicos de todas las personas están siendo arrebatados en pro del mantenimiento del beneficio capitalista.
La crisis capitalista ataca directamente las condiciones de vida aparentemente consolidadas y entre los sectores más vulnerables se encuentran las mujeres. Por ello, la independencia económica, la estabilidad laboral, la igualdad salarial, tienen hoy más sentido, si cabe, puesto que lo que se pretende es arrebatar no sólo los logros conseguidos, sino incluso los conceptos vindicados por las mujeres.
Las medidas que se están adoptando están agravando las desigualdades entre los sectores más vulnerables de la población y entre mujeres y hombres. Debemos plantear propuestas totalmente confrontadas a las decisiones políticas neoliberales y patriarcales, construyendo sociedades que inviertan en bienestar social, a través de un presupuesto público progresivo que redistribuya los recursos y la riqueza.
En este contexto de transformación y concienciación social debemos apostar por inversión pública en infraestructuras sociales, convertir el derecho constitucional al empleo en un pilar, desarrollar medidas para acabar con la brecha salarial, con la precarización de los sectores más feminizados. Debemos generar unos sistemas públicos de calidad que además garanticen empleos dignos.
FRENAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
· Modificaciónde la Ley Integral que reconozca la violencia de género en todas sus manifestaciones y la defina como un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, encuadrado en un marco de las relaciones de dominación.
· Modificación y puesta real en funcionamiento del Fondo de Pensiones de Alimentos en parejas divorciadas.
· Desarrollo de políticas activas contra la explotación sexual de las mujeres y por la abolición de la prostitución.
· Respeto a la diversidad. Políticas dirigidas a inmigrantes.
En una democracia nadie debiera vivir bajo la amenaza de la violencia, tampoco las mujeres. Este principio debiera ser el que guiara la determinación de las políticas públicas. Las relaciones entre mujeres y hombres se siguen sustentando en una desigualdad en la que las conquistas de las mujeres se convierten para el patriarcado en un ataque. La violencia de género es una violación de los Derechos humanos y engloba a toda la Sociedad.
Las violencias ejercidas contra las mujeres son muy variadas y distintas en sus formas. La idea de igualdad entre los sexos, aunque presente en el imaginario común, aún no se ha construido de manera estructural. De ahí que la fuerza de la opresión sexista se sienta de manera interminable. Para erradicar la violencia de género es imprescindible erradicar también el pilar fundamental que la sustenta: la desigualdad.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
· Despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
· Garantizar la práctica de la IVE dentro de la red sanitariapública y a cargo de la Seguridad Social.
· Respeto a las opciones sexuales
· Educación sexual reglada
Los derechos sexuales y reproductivos garantizan la libre decisión sobre cómo vivir el propio cuerpo. Incluyen la libre decisión de las mujeres a practicar la sexualidad sin estereotipos sexistas y sin la coerción social que determine forzosamente la maternidad. Son los derechos que las mujeres tenemos a compartir sexualmente nuestra vida sin determinaciones morales o religiosas prefijadas o impuestas.
La última modificación de la legislación sobre IVE ha supuesto una absoluta decepción y, por estoseguimos reivindicando el derecho al aborto libre y a cargo de la seguridad social: despenalización total en el Código Penal de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, reconociendo el derecho a la IVE basado en la libre decisión de la mujer.
Consideramos además que el heterosexismo sigue siendo la forma predominante de relaciones sexuales que no compartimos. No sólo por lo que significa de desigualdad entre los sexos, ya que la imposición heterosexual sigue siendo una forma de opresión contra las mujeres, sino porque defendemos relaciones amorosas, afectivas y sexuales de las personas, independientemente de su sexo biológico.
Para garantizar los derechos sexuales consideramos que la enseñanza, desde la primaria hasta la universitaria, tiene que estar reglada la educación sexual, de manera que se naturalice el concepto de igualdad y se generen los valores éticos y políticos que construyan una sociedad sin tabúes ni sesgos sexuales en todas las edades.
2. PROPUESTAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES
Muchos inmigrantes se encuentran en una posición de vulnerabilidad con graves riesgos de exclusión debido a dos factores: la irregularidad y el desempleo. La exclusión jurídica y la marginación laboral. Migrar no es un delito, delito son las causas que originan las migración. Para conseguir la plena integración y ciudadanía para las personas migrantes proponemos:
La regularización de todas las personas migrantes sin papeles.
Garantizar la igualdad de derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes.
Extender los derechos de Ciudadanía a los residentes no comunitarios.
Promover una ley por la que los migrantes que residan tres o más años en España de forma regular tengan derecho a voto en las elecciones generales y puedan presentarse como candidatos a cargos públicos.
La aplicación de la Convención Internacional sobre Derechos de las personas migrantes y sus familias.
Homologar los títulos educativos.
El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Garantía en la defensa y control judicial de las expulsiones o retornos, así como la prohibición de las expulsiones colectivas.
Modificación de la Directiva de Reagrupación Familiar para que haga realmente efectivo el ejercicio de este derecho.
Normas para el tratamiento de los Menores Extranjeros no acompañados que respeten la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Medidas contra la trata de seres humanos que protejan y no penalicen a las víctimas.
La ampliación jurídica de las causas que se reconocen como asilo, refugio y trata de personas. Demandamos el cumplimiento de las condiciones que el Derecho Internacional exige para el retorno de los refugiados.
La denuncia de los convenios de expulsión que a menudo conllevan violaciones de los derechos, ruptura familiar, represalias de las autoridades del país de origen y un grave desarraigo de las personas migrantes.
Exigimos la derogación de la Ley de Extranjería.
3. PROPUESTAS PARA LA IGUALDAD DE DERECHOS LGTBI
El capitalismo se sostiene como sistema apoyado en múltiples dominaciones que refuerzan el sometimiento de amplias franjas de la humanidad. El heteropatriarcado contribuye a esta causa, colocando a una parte fundamental de la humanidad, especialmente a las mujeres pero también a quienes difieren del patrón heterosexual, en condiciones desventajosas, acostumbrándonos a la discriminación, el sometimiento y la normalización del modelo hegemónico masculino-heterosexual.
A pesar de las leyes y la conciencia social sobre la diversidad sexual siguen existiendo actitudes e ideas erróneas. Además, la Iglesia Católica continúa siendo un residuo franquista que pretende imponener su moral en lo referente a los derechos y libertades en ciudadanía. Ante esta situación nos comprometemos a:
Luchar contra LGTBI- fobia en las escuelas, institutos y centros de trabajo y exigir una ley integral contra la LGTBI-fobia que penalice las discriminaciones por orientación sexual o identidad de género.
Dar visibilidad a la doble discriminación de las lesbianas.
Luchar por la despatologización de la transexualidad. Reivindicamos cambiar la Ley de Identidad de Género.
La “despatologización” de la orientación sexual.
Apoyar al moviendo LGTBI
4. PROPUESTAS PARA LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD
Paz:
Nos oponemos a la guerra en todas sus formas, por ello exigimos la retirada de las tropas españolas de Afganistán y Libia.
Prohibir la exportación de armas a zonas de conflicto, como se hace actualmente.
Reducción del presupuesto militar.
Política europea:
Impugnación de la secuencia de los tratados que de Maastricht a Lisboa guían una construcción europea antisocial y al servicio del capital.
Respuesta unitaria europea en lo social, sindical y político para ir cara a un nuevo proceso constituyente de los pueblos y Estados europeos, capaz de promover una Constitución Europea que respete y amplíe los derechos de las clases trabajadoras europeas, de las mujeres del continente, del pueblo de izquierdas europeo.
Es indispensable plantear una estrategia unitaria que enfrente en el nivel europeo las agresiones del capital, que está a emplear de manera muy efectiva la escala europea para desarmar las resistencias nacionales y estatales.
Plantear el debate acerca de la conveniencia o no de la salida del euro, como fórmula transitoria para desarrollar otra política y reconstruir sobre otras bases una UE.
REVOLUCIÓN DE LA CULTURA
Texto aportado por la escritora Marta Sanz en el acto de la Convocatoria social.
Ateneo de Madrid, julio 2011.
¿Por qué hoy los artistas no militan?
Contemplar la posibilidad de que un grupo de artistas e intelectuales se aglutine en torno a un partido político y asuma un proyecto común es poco más o menos tan sencillo como que un escritor se aparte de sus personalísimos gustos para acatar una disciplina. Las razones de dicha “imposibilidad” se sustentan también en la desconfianza hacia la política, fomentada desde los medios de comunicación, así como en un comportamiento corrupto y endogámico de partidos incapaces de sintonizar con las preocupaciones de la gente.
- Vivimos en un mundo donde parece que los personalísimos gustos van por una parte y los gustos colectivos por otro: el gusto de cada quien no se entiende como asimilación lenta y dolorosa de una cultura que forma parte del código genético de una comunidad. Habría que investigar sobre la vertiente psicológica y sociológica del gusto.
- Desde una perspectiva materialista, el relato romántico sobre la inspiración forma parte del proceso mental implícito al acto de escribir, pintar, componer. La inspiración forma parte de la ideología de un contexto cultural del que sólo podemos pretender escaparnos, porque está en la raíz de nuestros esquemas mentales de conocimiento. Como receptores, herederos del metarrelato romántico, asumimos la inspiración del artista. El artista, por su parte, asume sus privilegios. O su condena: soledad, excentricidad, ensimismamiento, la falta de sentido práctico, el no saber conducir... Los clichés que lo definen.
- Sartrianamente, se pierde la conciencia de la comunidad, convertida en una suma de individualidades. El infierno son los otros y lo que nos separa es lo que más pesa: lo que une y vigoriza desaparece como el horizonte desdibujado por la bruma. La ideología hegemónica idealiza y aísla el yo como si el yo no formase parte de un nosotros. Se subraya la creencia de que el yo artístico debe parapetarse mucho más que el resto de los yoes porque tiene la obligación de revolverse contra los colectivos que pretenden anular su conciencia -¿su vanidad?- y de mantener la pureza frente a un supuesto aborregamiento militante. En algún sitio llamé a esto el síndrome del doctor Zhigavo.
- Según Bourdieu1, el campo artístico aspira a la autonomía y debería ejercer como un contrapoder frente al campo económico o político: este tipo de propuestas equilibrantes de los poderes tiende a anular los posibles vínculos entre constelaciones que se aíslan, convirtiendo en antinaturales los nexos entre mundos como la cultura y la política. Sin embargo, cada vez se asume con mayor naturalidad la connivencia entre cultura y negocio, así como la noción demagógica del lector como consumidor cultural, como cliente a quien el artista-bufón complace, recrea, deleita, impermeabiliza de las agresiones de la vida cotidiana.
1 Bourdieu, P. Las reglas del arte. Anagrama. Barcelona. 2000.
- El yo del artista a menudo asume sin rechistar la ideología invisible, no rompe contra las frases hechas de la violencia sistémica y vive la fantasía de su falsa libertad en un contexto que a veces incluso lo adula. La aquiescencia con los parámetros de la ideología invisible es a menudo el secreto del éxito, ya que se produce una sintonía
entre las fórmulas retóricas del arte y la conciencia o el imaginario colectivos. Los artistas que se separan de esa corriente dominante y dejan de “complacer” tienen mucho más difícil el acceso al mercado y a la comunidad. El mercado es el filtro entre el autor, que forma parte de una comunidad, y la propia comunidad.
- Lo anterior se relaciona con el desprestigio de la literatura y el arte “políticos”. La cultura política se interpreta siempre en clave de panfletarismo. Es una interpretación interesada. En resumen, los artistas han tomado los votos de su congregación: una en la que se mantiene la fantasía respecto a la propia independencia.
- Hay ideologías mucho más demonizadas que otras y eso también se pone de manifiesto en la literatura. La conciliación, la equidistancia, la cursilería, el sentimentalismo, la memoria nostálgica, ciertas modalidades del cinismo light, la ironía son los conceptos clave de la corrección política que impera en el discurso literario actual: en la medida en la que un autor adopta una posición no conciliadora, no coincidente con los lugares comunes de ese buen rollito que ha hurtado y pervertido el significado de palabras como libertad o solidaridad, inmediatamente ese aspecto se subraya como una debilidad dentro de un discurso literario que juega a la pureza formal inmanente a las reglas sacrosantas de la Literatura.
- Algunos textos gustan, “aunque” sean políticos: se les hace una concesión. La política, como defecto estilístico, sólo se asocia a un determinado tipo de ideología. Todos los textos se comprometen, todos dejan una huella negra sobre la nieve blanca; sin embargo, algunas huellas se difuminan, se mimetizan con la atmósfera del discurso del poder, reproducen el esquema dominante y su ruido se amortigua en la complacencia y en la comodidad colectiva.
- El intelectual de prestigio, el intelectual visibilizado, es el intelectual que se ajusta al concepto de “razón” legitimado desde el sistema: el otro intelectual a menudo es un franco tirador, un ciudadano cero, un loco al que se le acusa de mesianismo e iluminaciones... El privilegiado cráneo de Noam Chomsky, para muchos medios de comunicación y universidades en Estados Unidos, es el de un pobre hombre que ha metido los dedos en el enchufe. A más de uno le gustaría electrocutar a ese loco que califica de la ejecución de Bin Laden como un asesinato y una flagrante vulneración del derecho internacional.
- La ideología hegemónica y muchos colectivos de izquierda atenúan la necesidad de la épica. Ya no existen razones para la épica en un primer mundo razonablemente satisfecho. En este contexto, el artista y el intelectual tienden a asumir posturas socialdemócratas que no atenten contra sus comodidades: la incomodidad moral que cada uno pueda experimentar es otro asunto.
- Todas las reflexiones anteriores focalizan la crítica en el artista y en el sistema, en la ideología hegemónica. Ahora valdría la pena reflexionar sobre cuáles han sido las directrices de los partidos, en materia de cultura, hasta qué punto no se han quedado anquilosados en posturas esclerotizantes e incapaces de estimular a intelectuales y artistas que podrían sentirse parte de un proyecto común que no incurra en la nostalgia permanente, la sensiblería reconfortante, el homenaje como género y el tópico recalcitrante. Debemos empezar a hacernos preguntas: ¿Nos importa, como sujetos de izquierda, la cultura?, ¿pensamos que vale para algo?, ¿tiene la cultura alguna utilidad?, ¿y alguna utilidad específicamente política?, ¿por qué o para qué leemos?, ¿por qué o para qué escribimos?, ¿es necesario formularse las preguntas anteriores?, ¿qué espacios de la vida asociamos a lo cultural?, ¿existen ámbitos diferenciados para el trabajo político y el trabajo cultural?, ¿se puede hablar de la belleza desde la política y del paro desde la cultura?, ¿asistimos a actos culturales?, ¿quiénes son nuestros cantantes, pintores, músicos de referencia?, ¿la cultura que apreciamos es la cultura-espectáculo?, ¿sólo el ocio es el momento de lo cultural?, ¿qué entendemos por “cultura popular”?, ¿es la cultura popular una cultura asequible,
fácil, legible, desde un punto de vista intelectual?, ¿sólo la “literatura política” es literatura política o toda la literatura lo es?, ¿sólo la Cultura es cultura?, ¿es la cultura, ideología?, ¿cuáles son los eslabones más débiles en la crisis del mercado cultural?, ¿afectan las crisis económicas a la creación cultural?, ¿está formada la cultura por una sucesión de acontecimientos?, ¿es dinámica o estática?, ¿hay una cultura del pobre?, ¿una cultura pobre?, ¿qué tienen los artistas de artesanos y los artesanos, de artistas?, ¿existen los bienes intangibles?, ¿y una cultura intangible?, ¿es la cultura una religión?, ¿es la cultura el olvido?, ¿la memoria?, ¿nos interesa la cultura solo en tanto en cuanto educación?, ¿cómo se produce la relación de causa-efecto de las crisis: económica, educativa, cultural; educativa, cultural, económica; cultural, económica, educativa?
- El maestro de Amanece que no es poco es obligado por los invasores del pueblo a examinar a unos alumnos acostumbrados a vivir en una perpetua comedia musical. Texto del examen: Las ingles. Su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Las ingles y los americanos. Las ingles y la cabeza: su relación si la hubiera. Teoría general del Estado y las ingles. Dibujo a mano de las ingles. La ingle y Dios… El torrente de preguntas en torno a la Cultura –las Ingles- se resume en una sola: ¿de verdad nos interesan estos asuntos o, en lo más profundo, estamos convencidos de que la cultura es siempre un cascarón de huevo, la voluta de una columna dórico-jónica, un bouquet, un aderezo, la guarnición que acompaña al filete?
DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Aportación de José Manuel Martín Medem a la Convocatoria Social.
La democratización de los medios de comunicación es la otra cara de la reforma de la ley electoral como condiciones imprescindibles para una auténtica democracia.
La impunidad de los negocios audiovisuales, la reducción del servicio público y el bloqueo de las iniciativas sociales impiden el acceso de los ciudadanos a las propuestas de IU. Al marginarnos en los canales mayoritarios de información se nos impide la participación en igualdad de condiciones lo que reduce nuestra repercusión social mientras la ley electoral convierte los votos que recaudamos en menos escaños de los que nos corresponderían con una proporcionalidad de verdad democrática.
La nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual establece en palabras lo que no garantiza con los hechos. Formalmente asume la democratización que se está desarrollando en América Latina al anunciar un reparto equitativo entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales. Pero en la práctica
reduce el servicio público, bloquea las iniciativas sociales y concede absoluta impunidad a las grandes empresas comerciales. La ley limita el espacio del servicio público a un 30% de la cobertura estatal, aumenta la precariedad de la radiotelevisión autonómica al hacerla depender de una disposición transitoria que el PP pretende
eliminar, encierra las iniciativas sociales en el ámbito municipal con un reglamento que impone tremendas limitaciones para su difusión y concede una absoluta impunidad a los negocios audiovisuales en el 70% de la difusión general.
IU debería reclamar lo siguiente:
· que la Ley General de la Comunicación Audiovisual garantice de verdad el reparto equitativo de las licencias entre el servicio público,las iniciativas sociales y los
negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal,autonómica y estatal.
· que se establezca un modelo definitivo de financiación para RTVE con recursos suficientes para que la rentabilidad social de su neutralidad garantice un servicio público estatal que fortalezca una democracia de calidad con ciudadanos bien informados.
· que la legislación sea la misma para todos los servicios públicos (municipales, autonómicos y general del Estado), impidiendo la privatización y su utilización en beneficio de los intereses de los gobiernos.
· que se aplique el derecho de acceso (bloqueado durante treinta años) en todas las radios y televisiones de titularidad pública como un mandato constitucional que obliga al reparto de espacios de libre disposición entre los partidos, los sindicatos y las organizaciones sociales (*).
· que se abra un debate público sobre el proyecto de decreto con el que se pretende imponer un reglamento que impide el desarrollo de las iniciativas sociales en la radio y la televisión.
· que se constituya inmediatamente el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) al que la Ley General de la Comunicación Audiovisual encarga la supervisión del servicio público, la vigilancia de los negocios audiovisuales, la correcta aplicación del derecho de acceso y la extensión de la alfabetización audiovisual para que el conocimiento sobre los medios facilite que los ciudadanos los utilicen para controlar al poder económico y político.
· que se garantice la buena formación universitaria, la autonomía profesional y las dignas condiciones laborales de las plantillas laborales de la comunicación para impedir que su precariedad contribuya a la desinformación de los ciudadanos.
